martes, 5 de julio de 2011

Precaria planificación urbana perjudicaría equilibrio ambiental en la capital

El desarrollo sustentable de la ciudad es una premisa ambiental que debe considerarse a la hora de plantear soluciones habitacionales en la urbe caraqueña

Indira Rojas

Las fuertes precipitaciones ocurridas en diciembre de 2010 y a principios del año 2011, especialmente en abril, fueron una advertencia y un llamado de atención para los organismos y autoridades a quienes les compete la formulación y ejecución de políticas públicas y planes de desarrollo urbanístico. En vista de la emergencia que significó la ubicación de los damnificados resultantes del fenómeno, teatros y museos sirvieron incluso de refugio. La problemática habitacional, que ya se venía perfilando como uno de los puntos más importantes en la agenda pública nacional, se convirtió en un fenómeno demográfico desproporcionado que pedía a gritos una solución urgente.
El mandatario nacional, Hugo Chávez, prometió la erradicación del problema con la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la que se ha planteado la construcción de más de cien mil domicilios para este año, bajo una serie de decisiones que no contentan a muchos especialistas demográficos y sociólogos del país.
La precaria planificación con la cual se está llevando a cabo el proyecto podría incidir negativamente, y a largo plazo, en la calidad de vida de los venezolanos que se conviertan en propietarios de los domicilios; no sólo por la falta de servicios básicos y la mala administración del espacio público, también porque la ejecución de la misión podría traducirse en daños ecológicos, que empeorarían la situación y que sólo completarían el cuadro de desorden urbanístico de Caracas.
Respondiendo a la política
La lección sobre gestión ambiental urbana no fue aprendida a cabalidad y las supuestas soluciones a la vivienda han surgido de la emergencia, lo cual no permite establecer garantías a largo plazo sobre la calidad de su desarrollo y ejecución. La Misión Vivienda es un caso de este tipo: de respuestas inmediatas, que además pretende ser un gestor expedito de remedios contra el problema habitacional y los damnificados de los pasados torrenciales. Proyectos como estos corren el peligro de convertirse en una utopía.
“El objetivo estratégico que nos hemos planteado de resolver el tema de la vivienda en el marco del socialismo, como lo hemos dicho nosotros estamos en una lucha feroz contra la muerte y la barbarie que significa el capitalismo, en su alto contenido de exclusión y explotación de los más humildes, que ha excluido al pueblo al derecho del acceso a una vivienda, educación y la salud”, indicó Rafael Ramírez, vicepresidente del Órgano Superior de Vivienda.
Así como se propone, la Gran Misión Vivienda Venezuela pertenece a los tantos planes de política anti déficit, los cuales no responden a una planificación urbana real que incluya el desarrollo de un ambiente ecológicamente equilibrado. La Ley Orgánica del Ambiente define el desarrollo sustentable como un “proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras”.
El investigador Alfredo Cilento Sarli, en su trabajo Penuria habitacional y vulnerabilidad urbana. Una revisión necesaria, advierte: “Alojar apropiadamente a millones de familias no es el problema de vivienda, ni se resuelve construyendo masivamente nuevas viviendas en cualquier lugar para el eliminar el supuesto déficit”.Rodrigo De Sousa Hernández, asesor científico del portal informativo Círculo Ambiental, afirma que el término comenzó a utilizarse de manera masiva en la década de los 60, “tras los efectos más graves y generalizados del daño ambiental”. Las sociedades comenzaron a preocuparse por mantener la calidad de vida de las comunidades con un mínimo impacto sobre el ambiente, de allí la importancia de evaluar el desarrollo sustentable en la planificación urbana.
También considera que la premisa de un escasez de viviendas ha sido usada para llevar a cabo negocios rápidos de construcción, así como muchos gobernantes se han servido de esta para plantear soluciones habitacionales con expectativas jugosas que nunca llegan a cumplirse. Bajo estos criterios, el desarrollo sustentable de una ciudad, así como su planificación ecoeficiente, queda en segundo plano en el mapa público, y aún cuando las políticas son planteadas de manera ideal su ejecución es otra historia.
El vacío institucional
En el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece el derecho de los ciudadanos a disfrutar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado; y señala como obligación fundamental del Estado garantizar el cumplimiento de estas premisas, acompañado por la participación de la sociedad. En Venezuela la legislación sobre la protección y gestión ambiental es amplia, contando con estatutos como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Ley de Meteorología e Hidrología, y la Ley de Bosques y Gestión Forestal.
A este soporte legal se le agrega las diferentes autoridades a quienes competen estas áreas, tales como el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), y la Fundación de Educación Ambiental (Fundambiente); además de organizaciones no gubernamentales constituidas como promotores de soluciones a las diferentes problemáticas ambientales. Círculo Ambiental registra en su base de datos ochenta y nueve instituciones dedicadas a tareas ecológicas en el país.
Este panorama propone que la cuestión ambiental y ecológica se encuentra representada en organismos y documentos legales, por lo cual las trabas y dilemas en estos aspectos no se originan por un vacío de entidades, al contrario, tienen sus raíces en el cumplimiento superficial de sus directrices. Para De Sousa, las leyes ambientales en Venezuela poseen un enfoque prohibitivo y esto no cumple con el desarrollo sustentable y la gestión ambiental urbana, dos temas con voces muy tenues en las instituciones venezolanas, incluyendo aquellas dedicadas al impulso urbanístico de las ciudades.
De las casi cien organizaciones que registra Círculo Ambiental pocas circunscriben su misión y objetivos en estos temas. Los más frecuentes son el tratamiento de los desechos sólidos, la contaminación del agua, los hidrocarburos, energía-ambiente, temas sobre las zonas costeras, turismo, seguridad industrial, protección de la fauna y la flora, reciclaje y participación ciudadana.

En mayo de 2011, Red de Organizaciones Ambientales no gubernamentales de Venezuela (Red Ara) publicó el documento “Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela”, que tiene por objetivo exponer los resultados de una evaluación sobre la situación del país en materia ambiental. La investigación está enfocada en siete puntos claves, entre los que se incluyen el impacto de la actividad petrolera, la gestión de los recursos hídricos y los desechos sólidos. Los temas que abarcan el desarrollo sostenible en las ciudades y planificación urbana y ambiente están ausentes, quedando un gran vacío para una metrópoli que se hincha vertiginosamente y se va haciendo chica frente al crecimiento demográfico, fenómeno acompañado en la actualidad por una crítica situación de damnificados en el país.
La misión posee un documento legal que define y reglamenta los diferentes procesos de venta y propiedad que corresponden: la Ley del Régimen de Propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, no se encuentra una referencia pública de esta naturaleza que reglamente la construcción de las viviendas programadas en la misión, un proceso que debe seguir criterios de planificación rigurosos y prevalecer sobre cualquier afirmación ideológica.El artículo 68 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece: “Todo proyecto de urbanización debe prever las reservas de terrenos para la localización de edificaciones, instalaciones y servicios colectivos que se requieran de acuerdo con los planes de ordenación urbanística y normas urbanísticas aplicables, en función del tamaño, destino, densidad de población, ubicación y demás características del desarrollo”.
Igualmente, la directora del Instituto Metropolitano de Urbanismo, Zulma Bolívar, advirtió que si bien se dispone de siete mil ciento veinte hectáreas desocupadas, no todas son desarrollables.
Armonía ecológica
Para la planificación de las ciudades es necesario plantear y ejecutar proyectos que minimicen el impacto ambiental, ya que el concepto de calidad de vida en las urbes modernas está asociado con el de calidad del ambiente, definida en la Ley Orgánica del Ambiente como las “características de los elementos y procesos naturales, ecológicos y sociales, que permiten el desarrollo, el bienestar individual y colectivo del ser humano y la conservación de la diversidad biológica”.
Sin embargo, en Venezuela los puentes entre las políticas ambientales y la realidad, en el marco del desarrollo de la ciudad capital, están fracturados.
“La perspectiva del verde urbano va más allá de los parques y jardines tradicionales, abarca todos aquellos elementos territoriales que juegan un papel ecológico en el entramado urbano”, expresa el ente gubernamental CONARE, pero por otro lado la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, Opppe, tomó aproximadamente 300 Mt2 en las áreas verdes de Bellas Artes ubicadas al lado de los cultivos organopónicos, y se plantea el derrumbe de 78 árboles en el Paseo Vargas. El objetivo es utilizar los terrenos para la construcción de viviendas que serán ocupadas por damnificados: ciento catorce viviendas y siete edificios, respectivamente.
Ignorar los criterios de ecoeficiencia y ecodiseño en la construcción de desarrollos habitacionales en Caracas representa una irresponsabilidad ante a los nuevos retos que deben asumir las autoridades, frente al incremento de la población y las necesidades en materia de vivienda que esta requiere para una vida integral.
Vitalis, organización venezolana no gubernamental, publicó un informe de balance ambiental del año 2010 en el que plantea como una de las problemáticas “la posible ausencia de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) en algunos proyectos urbanísticos, agrícolas, turísticos y de infraestructuras, locales, regionales y nacionales, obligatorias en el marco jurídico vigente y en particular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Por otro lado, también existen alternativas para reducir el impacto ambiental durante la ejecución de la construcción. La firma consultora ambiental PlaniGestión propone tres etapas en este proceso: selección del terreno, diseño del proyecto, ejecución y ocupación de la obra, la cual corresponde con el monitoreo del plan de seguimiento ambiental de la misma. La organización advierte que actividades como limpieza del terreno, estudios de los suelos, movimientos de tierra, instalación de servicios eléctricos y sanitarios y uso de maquinarias “ejercen efectos, directos e indirectos, sobre el ambiente natural”.
Mucha gente y poco espacio
Es evidente que la ejecución de la Misión Vivienda se planteó un problema inicial: ¿Dónde hay espacios para construir? Las metas a largo plazo de este plan gubernamental estipulan la construcción de dos millones de viviendas hasta el año 2017 distribuidas en diferentes zonas del país, principalmente la capital, y Caracas ya no parece aguantar más gente sobre su lomo. En efecto, se plantea edificar en terrenos expropiados, en zonas verdes de la capital, e incluso en espacios del Fuerte Tiuna.
Los expertos temen por la calidad de vida de los habitantes de estas nuevas viviendas, dado que aunque la misión resuelve la falta de techo, no ha anunciado un plan de desarrollo conjunto de servicios básicos, sistemas de salud y de educación, vías urbanas, transporte público y opciones de empleo. La saturación de población en la ciudad enfrentada a la falta de servicios, o la falla de estos, también implica un impacto ambiental para la capital. “Podemos encontrar un aumento del tráfico, que trae consigo contaminación atmosférica y disminución en la calidad del aire, contaminación del agua, así como también se perjudican los suelos”, afirma De Sousa. Explica, en relación a la última problemática, que los suelos deben ser estudiados en cuanto a la densidad de población que pueden soportar, sus pendientes, sus propiedades y sus características. Asimismo, PlaniGestión indica que se deben usar según sus capacidades y debe prevenirse su degradación.
En este sentido, las construcciones realizadas en zonas de riesgo no sólo afectan a los suelos, también perjudican a las familias que habitan en estas zonas de vulnerabilidad, expuestas a los eventos naturales y meteorológicos o a un deslave sorpresivo, dado que el terreno puede ceder en cualquier momento.
El crecimiento, hasta ahora imparable, de la expansión ilegal y de las invasiones es la preocupación principal de esta problemática en Caracas. “Mientras la población total del Área Metropolitana de Caracas se incrementó entre 1950 y 1990 en un 300%, la población en zonas de ranchos aumentó, en el mismo lapso, en un 878%”, indica Cilento. Agrega que entre 1990 y 2006 la población no creció al mismo ritmo, pero las condiciones empeoraron. De Sousa expresa que la expansión ilegal también contribuye a la pérdida de especies.
También se estima que Ciudad Tiuna reportaría más de cien toneladas de residuos diariamente, y, suponiendo que una de cada cuatro familias poseerá vehículo, se incrementará en 71% el tránsito en la Valle-Coche en horas pico, aumentando paralelamente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Al agudizarse la problemática del tráfico, también se agrava la contaminación sónica. Vitalis es una de las organizaciones que ha tomado en cuenta esta problemática, advirtiendo un “uso indiscriminado de sirenas y cornetas”.
De Sousa indica que es necesaria la construcción de autopistas hacia los Valles del Tuy, y concebir las obras del metro de Guarenas para el triple de personas sobre el número estipulado originalmente, esto dentro de un plan de políticas públicas “bien pensadas”. “Muchos países, como las naciones escandinavas, han probado que el progreso no está en contra del ambiente”, comenta el ingeniero agrónomo, quien resalta que curar los males domiciliarios del país, las expansiones ilegales y el impacto ambiental es un proceso de planificación a largo plazo, que debe considerar la dinámica económica y social del país.


1 comentario:

  1. Hola, Indira:

    Exceptuando los pospretéritos en el título y la hipótesis -y algunos errores de redacción-, creo que es un reportaje que está muy bien concebido, abordado y sustentado. Te felicito.

    Fue un placer encontrarnos, esta vez en la carrera.

    Abrazos, siempre.
    MaR.-

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